Tenía 17 años y llevábamos meses trabajando de reportero y coordinador de un suplemento de corte juvenil para un periódico de mi natal Mérida cuando salió a la luz pública el EZLN. Una condena a la violencia se escuchó casi de manera generalizada en México, condena que provenía de todos los partidos políticos y prácticamente todos los sectores sociales e intelectuales del país…

Apenas con unas semanas en el ejercicio periodístico redacté un editorial rechazando yo también la violencia. Cuando lo revisó, antes de ser publicado, el director del Periódico me dijo que en el diario a su cargo nunca se condenaría a un luchador social como el subcomandante Marcos. Salí emberrinchado de su oficina porque me había caído la censura…

A la que terminó poniendo “porque esa opinión del Director me sirvió para reflexionar sobre mi postura con respecto al EZLN y ha marcado mi manera de ver los movimientos armados e insurgentes en el país. A la distancia, estoy agradecido por el punto de vista, aunque en un inicio haya sido impuesto.

Sigo condenando la violencia en cualquiera de sus expresiones con la misma vehemencia con la que redacté ese editorial en 1994, pero me parece ahora indispensable cada vez que se repudia por ello a una guerrilla que no mata civiles incorporar esa violencia cotidiana a la que se enfrentan los mexicanos que viven en las zonas en donde generalmente surgen los grupos rebeldes: la violencia de la pobreza, de la falta de educación, la discriminación, los bajos salarios, la ausencia de justicia, la marginación y la miseria.

Ahora que comienza a desempedrarse el camino del diálogo entre el gobierno federal y el EPR, les pregunto: cuando las partes son radicalmente opuestas, ¿vale la pena sentarse a negociar o es una pérdida de tiempo?