Hace poco comentaba en este espacio sobre las medidas (¿prohibiciones?) adoptadas por el gobierno del D.F. para proteger a los capitalinos. Estas incluían la obligación de usar el cinturón de seguridad, no hablar por celular al conducir, no fumar en espacios cerrados, el alcoholímetro y, más recientemente, la entrada en vigor de la Ley de Establecimientos Mercantiles en bares y antros. Esta última elimina las barra libres, las promociones 2X1 y los “cubetazos”, y además obliga a suspender la venta de bebidas alcohólicas a las 2.30 de la mañana y cerrar a las 3 a.m.

Los empresarios dueños de antos y bares en el D.F. ya reportan una caída del 25% en sus ingresos. Y algunos consumidores mexicanos han migrado hacia el Estado de México, donde la Ley no está vigente, o bien a fiestas caseras y/o clandestinas. Acá ya hemos dicho que para muchos liberales a ultranza, todas estas medidas antentan contra la libertad individual, sin embargo, en un país como México con una escasa cultura cívica y vial es necesario aplicar medidas de este tipo para empezar a cambiar comportamientos. De nada sirve aplicar estas medidas si los mexicanos no comenzamos a mutar hacia prácticas de mayor responsabilidad y conciencia sobre la vida propia y la de otras personas.

La semana pasada se anunció, en el marco del proyecto ”Ciudad Segura”, la instalación de cámaras de video-vigilancia en 8000 puntos de la capital para monitorear delitos y comabatir la criminalidad. Aquí, nuevamente, podrían alzarse voces argumentando los dilemas éticos de grabar de manera permanente a los capitalinos cual Big Brother. Pero como el tema de seguridad es uno de los más preocupantes para los ciudadanos, la urgencia apremia para un gobierno que busca también réditos electorales. En este caso, nuevamente es necesario contar con policías y ministerios públicos eficientes que puedan dar respuesta ágil a las alertas de estos centros de vigilancia y procesen a los posibles delincuentes.

Entonces, resulta evidente que las medidas de seguridad del gobierno del D.F. no rendirán frutos por sí solas, se requiere de cambios de comportamiento entre los ciudadanos y de prácticas entre las autoridades. Mientras eso sucede, ¿ustedes qué opinan de las medidas? ¿se sienten más seguros?

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Patria: tu mutilado territorio se viste de percal y de abalorio

Ramón López Velarde (1921)

Ayer se celebraban en nuestro país 198 años del Grito de Independencia de Miguel Hidalgo que llamó al pueblo mexicano a levantarse en armas contra los españoles. En el marco de esa celebración, un atentado en la ciudad de Morelia contra personas congregadas para dar el Grito nos recuerdó que los desafíos al Estado son muy distintos a los de esos días.

Los desafíos a la seguridad y la integridad de nuestra Patria no son externos, vienen desde dentro: del crimen organizado, del narcotráfico, de las mafias, de una policía ineficiente, de las cortas miras de nuestros políticos, de la existencia de prácticas e instituciones anacrónicas, hijos todos ellos de la falta de un proyecto claro de Nación. La agenda para el gobierno está repleta de pendientes. El progreso económico y social de nuestra frágil democracia depende de la solución a este entuerto. Al contrario de lo que piensan muchos, esta labor no es sólo del gobierno y los políticos, sino también de los ciudadanos.

Muchos mexicanos amamos este país y queremos seguir viviendo en él con seguridad, con la certeza de que nos ofrecerá mejores perspectivas. Habemos quienes todavía creemos como López Velarde en esa Suave Patria inquebrantable:

Diré con una épica sordina:

la patria es impecable y diamantina

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El Presidente de la República se suma…“a un justo reclamo de miles y miles de ciudadanos…indignados de la delincuencia e impunidad… que nos exige a todas las autoridades a que nos coordinemos para dar resultados, generar justicia y seguridad elemental a los mexicanos”

El Procurador General de la República llama…“a sus homólogos - los procuradores estatales - a hacer un diagnóstico claro de la forma en que se presenta el delito y a no confundirse en su expresión actual, ya que de ello depende también el éxito de su combate”

El Secretario de Gobernación invita…a todos los niveles de gobierno a suscribir el acuerdo nacional por la legalidad y la seguridad presentado por el Presidente Calderón en febrero pasado, que ahora sí que irá más allá de “buenas intenciones, ya que debe contener compromisos concretos, al tiempo que demandó “respetuosamente” que los gobiernos estatales y municipales confieran la más alta prioridad al combate al secuestro.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia identifica…algunas de las fallas en los poderes Legislativo y Ejecutivo, por la falta de leyes claras y por los escasos resultados en la detención de los delincuentes y la mala integración de los expedientes por parte de los ministerios públicos en lo que respecta al combate al crimen.

El jefe de gobierno del Distrito Federal apoya…a los ciudadanos que están convocando a la marcha contra la delincuencia y la inseguridad.

Y mientras tanto…

…más de 2,500 ejecuciones solo en el 2008, sobrepasando el número de ejecuciones en todo el 2007

…se han registrado por denuncia unos 400 secuestros en lo que va del 2008 (más los que no se han denunciado: por cada denunciado hay ocho que no lo son)

…las pérdidas económicas derivadas solamente por robos en un año equivalen a 80 mil millones de pesos

…y, sin embargo, solo 1.2% de los criminales llegan a ser sentenciados

La delicuencia no es un problema sin solución, pero necesariamente tenemos que pasar de las declaraciones sin sentido a las acciones concretas.

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Desde el momento que el gobierno de Felipe Calderón decidió implementar una estrategia ofensiva contra el narcotráfico en México, se cuestionó la entrada el Ejército en este combate y se generaron expectativas encontradas sobre los alcances y consecuencias de esta medida.

Hoy México vive una escalada de violencia ligada el narcotráfico sin precedentes, que vulnera la seguridad pública y genera miedo e incertidumbre entre grandes sectores de la población. Si esta violencia desmedida fue un efecto indeseable de la estrategia adoptada el costo es, sin duda, enorme para la paz social. Pero no queda duda de la necesidad de que el gobierno se enfrentara de una vez por todas a un fenómeno que desafiaba su autoridad sobre las instituciones, los espacios públicos y la ciudadanía.

La efectividad de esta medida es incierta y dependerá enteramente de la instrumentación de una estrategia integral que incluya la participación y renovación del gobierno federal, estatal y municipal, así como sus respectivas policías, pasando por la clase política, los empresarios y los ciudadanos. Mientras eso sucede, otra guerra se juega en el terreno de las percepciones ciudadanas respecto de la lucha “Estado vs. narco”. Las últimas encuestas publicadas por Ipsos-Bimsa/El Universal, Reforma y Parametría muestran a la mayoría de la población inclinada a pensar que el narco está rebasando al gobierno mexicano en esta tarea (56%, 53% y 53% respectivamente). Una gran labor es lograr invertir estas percepciones.

La inseguridad que se vive en las calles, plazas, y espacios públicos del país es un asunto que afecta de manera directa la vida de muchos mexicanos.

El gobierno federal se ha concentrado en combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico dejando de lado sectores delictivos no menos importantes como la violencia rural y violencia imprudencial (mueren alrededor de 33,500 personas al año en accidentes fatales). Delitos menores como problemas entre vecinos y familiares dormitan en los archivos de las procuradurías esperando a que estos escalen en violencia. Aun más, no se da la atención adecuada a delitos no violentos y no graves como daño en la cosas y propiedad de las personas derivados de accidentes de tránsito, fraudes y pequeños robos.

Cifras del investigador Guillermo Zepeda acusan un uso irracional de los recursos cuando en ocho años se ha duplicado el número de personas en prisión (219 mil actualmente) sin que desciendan los índices delictivos ni la percepción ciudadana de inseguridad. La pregunta de fondo es: ¿entonces a quiénes estamos encarcelando?

Si se destinan 27 millones de pesos del erario público para la manutención de los reclusos, cuando sólo a 7% de ellos se les imputan delitos violentos y graves, la respuesta es que no son los criminales más violentos y peligrosos quienes habitan las cárceles. Tan solo 75% de los recursos públicos se destinan a investigar, procesar y encarcelar a responsables de delitos no violentos y no graves, mientras los verdaderos responsables del crimen organizado gozan de cabal salud.

Para entender cuales son los temas urgentes de la reforma penal que ayudarían a mejorar estos ámbitos los invito a leer un excelente análisis realizado por el investigador antes mencionado: http://www.cidac.org/vnm/pdf/promociones/prop_cambionoviembre2007.htm