Desde el momento que el gobierno de Felipe Calderón decidió implementar una estrategia ofensiva contra el narcotráfico en México, se cuestionó la entrada el Ejército en este combate y se generaron expectativas encontradas sobre los alcances y consecuencias de esta medida.

Hoy México vive una escalada de violencia ligada el narcotráfico sin precedentes, que vulnera la seguridad pública y genera miedo e incertidumbre entre grandes sectores de la población. Si esta violencia desmedida fue un efecto indeseable de la estrategia adoptada el costo es, sin duda, enorme para la paz social. Pero no queda duda de la necesidad de que el gobierno se enfrentara de una vez por todas a un fenómeno que desafiaba su autoridad sobre las instituciones, los espacios públicos y la ciudadanía.

La efectividad de esta medida es incierta y dependerá enteramente de la instrumentación de una estrategia integral que incluya la participación y renovación del gobierno federal, estatal y municipal, así como sus respectivas policías, pasando por la clase política, los empresarios y los ciudadanos. Mientras eso sucede, otra guerra se juega en el terreno de las percepciones ciudadanas respecto de la lucha “Estado vs. narco”. Las últimas encuestas publicadas por Ipsos-Bimsa/El Universal, Reforma y Parametría muestran a la mayoría de la población inclinada a pensar que el narco está rebasando al gobierno mexicano en esta tarea (56%, 53% y 53% respectivamente). Una gran labor es lograr invertir estas percepciones.

La inseguridad que se vive en las calles, plazas, y espacios públicos del país es un asunto que afecta de manera directa la vida de muchos mexicanos.

El gobierno federal se ha concentrado en combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico dejando de lado sectores delictivos no menos importantes como la violencia rural y violencia imprudencial (mueren alrededor de 33,500 personas al año en accidentes fatales). Delitos menores como problemas entre vecinos y familiares dormitan en los archivos de las procuradurías esperando a que estos escalen en violencia. Aun más, no se da la atención adecuada a delitos no violentos y no graves como daño en la cosas y propiedad de las personas derivados de accidentes de tránsito, fraudes y pequeños robos.

Cifras del investigador Guillermo Zepeda acusan un uso irracional de los recursos cuando en ocho años se ha duplicado el número de personas en prisión (219 mil actualmente) sin que desciendan los índices delictivos ni la percepción ciudadana de inseguridad. La pregunta de fondo es: ¿entonces a quiénes estamos encarcelando?

Si se destinan 27 millones de pesos del erario público para la manutención de los reclusos, cuando sólo a 7% de ellos se les imputan delitos violentos y graves, la respuesta es que no son los criminales más violentos y peligrosos quienes habitan las cárceles. Tan solo 75% de los recursos públicos se destinan a investigar, procesar y encarcelar a responsables de delitos no violentos y no graves, mientras los verdaderos responsables del crimen organizado gozan de cabal salud.

Para entender cuales son los temas urgentes de la reforma penal que ayudarían a mejorar estos ámbitos los invito a leer un excelente análisis realizado por el investigador antes mencionado: http://www.cidac.org/vnm/pdf/promociones/prop_cambionoviembre2007.htm