El Gobierno del D.F. presumió esta semana la creación de 1,000 empleos a través de su programa de apoyo a cooperativas. El G.D.F. señaló que este logro fue alcanzado al comprar a las cooperativas que participan en el citado programa 370,000 uniformes que distribuirá de manera gratuita en escuelas públicas de la ciudad. Suena bonito lo de la creación de empleos (el tema que me interesa en este comentario), pero este argumento está basado en una lógica falaz aunque de uso frecuente entre los políticos.

Sostener que un gobierno crea empleo solamente porque selecciona a un proveedor específico es igual a decir que yo aumento la actividad laboral de la ciudad porque en lugar de contratar al plomero que vive en mi edificio decido acudir con el de la calle de enfrente. Guardadas las proporciones de cada caso, los dos ejemplos se refieren a un asunto de sustitución, no de generación neta de nuevos trabajos (a menos que alguien me diga que no había antes productores de uniformes escolares en esta ciudad).

Alguien podrá opinar que el gobierno de la ciudad en efecto está generando estos puestos de trabajo al aumentar el gasto público mediante la compra de semejante cantidad de uniformes. Sin embargo, este argumento tiene también inconsistencias importantes. Dejamos su análisis para un comentario posterior, aunque quizás alguno de ustedes quiera empezarlo…

(Ojo: el enfoque de esta nota no fue la pertinencia de los programas, tema del cual también hay mucho de que hablar)

El Gobierno de Barcelona ha implementado un plan que restringe de manera muy importante los lugares públicos donde los automóviles pueden ser estacionados sin costo. Las zonas de la ciudad con mayor tránsito fueron delimitadas y en las calles se marcaron los espacios que los residentes de la zona pueden utilizar de manera gratuita y los espacios de estacionamiento disponibles para cualquiera previo pago de por medio.

Como es de esperarse, este plan no goza de mucha popularidad entre los automovilistas de Barcelona, pero forma parte de una iniciativa más ambiciosa dirigida a pontencializar el desarrollo sostenible de la ciudad mediante la sustitución del automóvil por el transporte público y medios alternativos (léase bicicleta). Es importante recordar que desde hace más de 15 años el gobierno de Barcelona ha realizado las inversiones que le permiten tener hoy una amplia y moderna red de metro, tren suburbano y autobuses. Además, hay ciclovías -y semáforos especiales para bicicletas- en la mayoría de las principales avenidas de la ciudad.

Con los 20 millones de habitantes del D.F. y su área metropolitana está claro que el uso del automóvil como medio de transporte masivo acarrea muchos más perjuicios que beneficios. Sin embargo, nuestros gobiernos no han construido alternativas reales que hagan factible un escenario alterno. Hay intentos tímidos como el metrobús, pero que si no se planifican mejor y de manera más amplia no van a ser suficientes para que nuestra ciudad deje de ser algún día una pesadilla de tráfico y contaminación.

Empezando la semana nos enteramos que el agua va a costar más el próximo año en el D.F. y que va a haber rebaja en los precios de las casetas para estas vacaciones.

A los políticos les gusta tanto repartir subsidios y bajar los precios de los servicios públicos como odian ajustar precios hacia arriba. Sin embargo, aunque el aumento en el precio del agua en la Ciudad de México puede terminar siendo un asunto poco popular es algo que se veía venir y que se observa necesario.

El gobierno del D.F. gasta una fortuna en subsidiar el agua que consumen los capitalinos, que pagamos apenas una pequeña parte del costo real del líquido. Además, el aumento va a ser significativo solo para el pequeño grupo de la población con un consumo alto de agua. Estos pueden buscar estrategias para reducir su consumo y no hay razón de peso para que el resto -a través de nuestros impuestos- subsidiemos sus duchas largas o afición a lavar el auto con manguera. Eso sí, este aumento debe estar acompañado de acciones más sólidas para que todos paguen el agua que usan (algo que no pasa en la actualidad).

En cuanto a la disminución en las cuotas de las autopistas, hay quienes estarán de acuerdo argumentando el pésimo estado en que suelen estar estas. Pueden tener razón, pero si el precio es mayor que el adecuado entonces que el ajuste sea permanente o mejor aún que se mejore el estado de las carreteras.

Los políticos -de izquierda y derecha- tienen poco empacho en manipular los precios de los servicios que controlan. Ahora fue el turno del gobierno federal de tomar una decisión que parece oportunista. Mal andamos si los precios no se definen por el valor de lo adquirido sino por lo que pueden aportar a la popularidad de un político.