Así podría sonar la celebración de la eventual firma de un tratado de libre comercio (TLC) entre México y Brasil, iniciativa que defienden tanto Calderón como Lula para “estimular elintercambiocomercialy laeconomía de ambas naciones”.En este momento, ambos países comparten un Acuerdo de Complementación Económica en el que se plantea reducir los aranceles de 800 productos. Sin embargo, el comercio bilateral alcanzó los 7 mil 400 millones de dólares en 2009, una ínfima parte de lo que ambas economías producen.Un análisis rápido del intercambio que hoy en día existe indica que éste se da prácticamente en su totalidad entre empresas con subsidiarias en los dos países (armadoras de autos, farmacéuticas, etc.). La idea detrás de la negociación es ampliar ese universo de productos con bajos aranceles para “crear una potencia regional” en la que los dos países se beneficien. Sin embargo, las resistencias de los propios empresarios -sobre todo de los mexicanos- han puesto un freno a la negociación de dicho acuerdo.
En México se oponen las cámaras de industriales y agrícolas, mientras que aquellas que representan al sector automotriz y comercial favorecen el acuerdo. Brasil es altamente productivo en el sector agroindustrial, mientras que México no lo es. El mercado brasilero abre, por su gran tamaño, oportunidades de oro para inversionistas mexicanos que deseen aprovechar este mercado de consumo. La integración de cadenas de valor en sectores como el automotriz e inclusive el aeronáutico puede ser de gran provecho para México, dada su competitividad en la industria electrónica y metalmecánica.
El mayor miedo expresado por los empresarios mexicanos es que Brasil haga honor a su tradición proteccionista imponiendo barreras no-arancelarias, como impuestos a servicios o regulaciones más estrictas que las aplicadas a productos locales. De suceder esto, el TLC podría traer más problemas que beneficios. Por esto, la negociación entre ambos países debe cuidar mucho los detalles que van más allá de las reglas al comercio exterior.
En una próxima edición analizaremos las cifras de un TLC México-Brasil
En México, los consumidores pagamos precios muy altos por los bienes y servicios en donde solo hay una (monopolios) o unas pocas empresas (oligopolios), como en: tortillas de maíz; refrescos, jugos y agua; cerveza; medicamentos; leche; carnes; televisión por cable, telefonía fija, electricidad. Es decir, donde no hay competencia pagamos precios más altos.Una de las cosas que tiene que pasar para resolver este problema es que la autoridad -en este caso la Comisión Federal de Competenca- pueda imponer multas importantes a las empresas que actúen como monopolios. Actualmente se discuten en el Congreso varias propuestas para aumentar el nivel de multas que la Comisión puede imponer, y el Presidente Calderón está a punto de enviar una propuesta más.
Sin embargo, como argumenta Víctor Frías en so documento “Reformas a la Ley Federal de Competencia Económica” el error de las propuestas que se encuentran actualmente en el Congreso es poner el acento en las sanciones, en las multas, en castigar con cárcel las violaciones principalmente, por la realización de prácticas monopólicas absolutas, sin atender otros muchos problemas que tiene el sistema de competencia mexicano y que lo han hecho poco exitoso. El acento en una reforma integral al sistema de competencia en México debe ponerse en fortalecer la capacidad de investigación de la Comisión y en que ésta utilice eficientemente los recursos con los que ya cuenta.
Por su parte, Víctor Pavón comenta en su documento “Sanciones Económicas y Compensación de Daños en el Régimen de Competencia Mexicano” que contar con un sistema eficiente de sanciones por violaciones a las leyes de competencia así como las posibles virtudes de ampliar y eficientar el régimen de compensación por daños resulta esencial para el régimen de competencia mexicano. Su propuesta incluye una reforma al sistema de sanciones en tres partes: 1) aumento del nivel de multas que puede imponer la Comisión Federal de Competencia; 2) creación de un instrumento de sanciones de naturaleza compensatoria; y, 3) la recuperación de daños a nivel privado a través de acciones colectivas y acciones privadas.
En la última semana hemos visto cuatro muertes de alto perfil y una fuga. Resulta tentador tratar de trazar conexiones entre los eventos, pero la información disponible es escasa. Lo que queda más bien son preguntas difíciles de responder. De Bayardo, por ejemplo, habría que cuestionarse hasta qué punto sus conexiones con la DEA y el FBI le permitieron salir libre de cargos que parecían blindados por sus propias declaraciones –conforme a la Ley Federal sobre Delincuencia Organizada no debía salir libre sin culpa y convertirse en testigo protegido. De la muerte de Zambada Reyes y del propio Bayardo, habría que preguntarse si se ha emprendido una revisión a fondo del esquema de seguridad de delincuentes de alto perfil que pueden ofrecer información valiosa para el combate al crimen. De la muerte del General Esparza y del Gori 1, la pregunta sería hasta qué punto las fuerzas armadas pueden sentir la tentación de hacer justicia por cuenta propia y, quizá, recurrir a estrategias de enfrentamiento que tienen menos que ver con la acción policíaca y más con la lógica de contrainsurgencia.
La evidencia apunta a que el debate mediático y político, rebasado y hasta cierto punto insensibilizado por la coyuntura, está dejando de plantear las preguntas correctas. Es precisamente en esta coyuntura en la que hay que privilegiar el análisis; no optar por la estridencia, pretendiendo que un puñado de casos documentados son evidencia incontrovertible de un patrón sistemático y organizado, como es el caso de Amnistía Internacional; pero tampoco dar por buena la información de propaganda y contra propaganda que traza líneas y sospechas que no se pueden comprobar. Si se ha de cuestionar el rumbo tomado, y se debe hacer, es necesario preguntarse por qué hay tan poca información de lo que está pasando.
El ruido de esta semana sobre la aprobación de reformas a la Ley de Radio y Televisión pone de manifiesto el dilema que enfrentan las autoridades del sector: hacer cumplir las reglas existentes, aunque sean deficientes, o continuar con el constante jaloneo para que éstas reflejen los intereses de los principales actores del sector y de quienes quieren congraciarse con ellos.En esta ocasión, senadores del PRI y PRD proponían, en primera instancia, que en lugar de someter a licitación pública las concesiones de radio –como lo determinó la Suprema Corte en 2007– éstas pudieran ser refrendadas automáticamente a través de un proceso administrativo, limitando potencialmente la competencia en el sector. En segundo lugar, la propuesta, por iniciativa del PRD, incluía la regularización de las radios comunitarias y la posibilidad de que éstas pudieran comercializar 5% de su tiempo aire.
Los industriales de la radio y televisión, a pesar de haber empujado inicialmente esta iniciativa, decidieron a última hora oponerse, haciendo que más de un actor político retirara también su apoyo. Si bien en primer lugar se manifestaron en contra de las cláusulas que beneficiaban a las radios comunitarias –argumentando que afectaría sus ingresos publicitarios en mercados específicos donde su penetración es menor– los industriales tampoco vieron en esta iniciativa una solución a la incertidumbre jurídica que enfrentan, sólo un aplazamiento del problema y un favor a medias.
En física, a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad. En el tema del aborto en cambio, a toda acción progresista parece corresponder una reacción conservadora mayor y potencialmente abrumadora. Cuando el Distrito Federal no sólo despenalizó el aborto sino que lo convirtió en un servicio público –fondeado con impuestos– se adelantó por mucho al estado de cosas en el país. Sin embargo, en lugar de convertirse en la punta de lanza de un movimiento progresista, la reforma del DF resultó una amenaza imposible de ignorar para los grupos conservadores que aún dominan las entidades federativas.
La decisión salomónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2008 –no penalizó ni despenalizó el aborto– dejó la puerta abierta para lo que ha ocurrido en 17 estados. Envalentonados por las encuestas y sujetos a la presión de los grupos católicos, los gobernadores y legisladores locales del PRI, el PAN e incluso algunos de partidos de izquierda, decidieron utilizar las facultades que les concedió la Corte no sólo para bloquear iniciativas similares a la del DF, sino que de paso aprovecharon también para revertir algunas de las conquistas que habían logrado quienes están a favor de la libertad de elección en años pasados.
Esta contrarreforma tiene un carácter electoral y es por eso que no debe sorprender a nadie que el PRI encabece el movimiento. El hecho es que para el PRI –como para el PAN– oponerse al aborto es una estrategia de bajo costo y grandes utilidades. Ante la polarización que genera el tema entre una minoría de interesados y la aparente indiferencia que provoca en el electorado general, más preocupado por temas económicos y de seguridad, el PRI puede ganar el apoyo de grupos conservadores organizados sin alienar a la mayoría de los electores, que prefieren no reflexionar sobre el tema. Es así como un tema de salud pública está siendo utilizado por el PRI como medio para hacerse del apoyo de la extrema derecha católica.
El problema de fondo en la industria de las telecomunicaciones en México es la falta de competencia, lo que implica precios altos y un servicio limitado a pocos sectores de la población. El propio Presidente Calderón ha llamado a inyectar competencia en la industria para aumentar la productividad y competitividad del país, sobre todo tratándose de un sector que continúa creciendo a pesar de la crisis económica.
En este contexto, resulta contradictorio promover un gravamen de 3% al consumo de telefonía fija, móvil y televisión por cable, al tiempo que se otorga una exención fiscal por dos años a los nuevos operadores que entren a ofrecer servicios de telecomunicaciones. Con dicho gravamen se pretendía recaudar 10 mil 500 millones de pesos -cifra que al no gravar servicios de Internet y por la alta elasticidad de la demanda por estos servicios podría descender hasta 4 mil 500 millones. Además, de aprobarse la exención a nuevos operadores, el Gobierno dejaría de recaudar hasta 5 mil 700 millones de pesos por parte de las empresas del sector. Las cuentas no dan.
El Gobierno le apuesta así a que una mayor competencia en el sector implique más opciones y mejores precios en los servicios. Pero mientras eso ocurre, será el propio usuario de estos servicios el que pagará -con nuevos impuestos- los platos rotos del boquete fiscal.
Este video muestra cómo la competencia beneficia a los consumidores con más productos y servicios, de mejor calidad y precio. ¿Te has puesto a pensar que pasaría si sólo pudieras comprar en un supermercado, o si sólo pudieras adquirir automóviles de una marca? ¿Sabes cómo te afecta la falta de competencia en telefonía celular o energía eléctrica en México? Entra y conoce las respuestas. Todos los comentarios son bienvenidos.
Les comparto una presentación que muestra en cifras el lastre que para México constituía Luz y Fuerza del Centro y su sindicato (SME). Sus comentarios como siempre son bienvenidos.
